Fuente: El Universal
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU ha emitido las Licencias Generales 56 y 57, marcando un giro en la operatividad financiera del Estado venezolano.
Esta licencia autoriza a empresas y actores económicos a negociar y suscribir “contratos contingentes” para futuras operaciones comerciales en Venezuela.
Esto significa que las compañías pueden avanzar en acuerdos, inversiones o proyectos, aunque su ejecución final dependerá de una autorización posterior de la OFAC.
Este tipo de licencias ya había sido utilizado previamente en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, como parte de un esquema gradual que permite preparar inversiones sin levantar completamente las sanciones.
Sin embargo, la licencia mantiene restricciones importantes:
- No se permiten pagos en oro ni en criptomonedas.
- Se prohíben transacciones vinculadas con países como Rusia, Irán o Cuba.
- Las operaciones siguen sujetas a supervisión y aprobación estadounidense.
Esta autorización incluye a instituciones como el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro, lo que podría facilitar transacciones tanto del sector público como de particulares vinculados a estas entidades.
Además, la medida beneficia a empleados públicos que no estén incluidos en listas de sanciones individuales.
¿Qué impacto pueden tener estas medidas?
La autorización de operaciones financieras con el BCV y la banca pública podría facilitar el flujo de dinero dentro del sistema económico venezolano, especialmente en áreas como pagos, financiamiento y comercio internacional.
Asimismo, la posibilidad de negociar contratos futuros abre la puerta a nuevas inversiones, aunque su ejecución dependerá de futuras decisiones de Washington.
Sin embargo, expertos coinciden en que el impacto real dependerá de factores como la estabilidad política, la confianza de los inversionistas y la continuidad de la flexibilización de sanciones.
Vigencia y contexto
Inmediata: Las medidas firmadas por Bradley T. Smith entraron en vigor este martes 14 de abril de 2026.
El objetivo: Dinamizar la economía y facilitar el flujo de divisas y servicios financieros en el país.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ha señalado que estas licencias son «temporales» y pide el cese total de sanciones para dar seguridad jurídica a los inversionistas.